La Fiscalía General de la República confirmó la detención en Tamaulipas de un individuo que operaba drones adaptados para transportar y lanzar artefactos explosivos, en lo que ya se considera uno de los casos más delicados de innovación criminal en el país.
El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación que busca desmantelar una red dedicada a la fabricación y uso de estos dispositivos con fines ofensivos. De acuerdo con las autoridades, los drones asegurados fueron modificados artesanalmente para sostener cargas explosivas y liberarlas a distancia mediante control remoto. También se hallaron componentes electrónicos, detonadores y material digital que podría revelar los lugares donde fueron utilizados.
La detención es relevante porque confirma un patrón que las fuerzas federales han detectado desde hace meses en Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua: el uso de tecnología civil —en este caso drones comerciales— transformada en arma de ataque. En 2024, la Guardia Estatal de Tamaulipas ya había reportado al menos dos incidentes en los que grupos armados lanzaron explosivos sobre convoyes policiacos; los drones fueron destruidos, pero el riesgo se mantiene.
En este nuevo caso, la FGR no reveló la identidad del detenido ni el grupo criminal al que presuntamente pertenece, aunque adelantó que enfrentará cargos federales por posesión y uso ilícito de explosivos, además de delincuencia organizada. Las primeras pruebas apuntan a que el operador formaba parte de una célula que experimentaba con distintos tipos de explosivos y mecanismos de lanzamiento.
Las autoridades describen este tipo de operaciones como una “evolución preocupante” en la estrategia del crimen organizado, pues los drones permiten ataques precisos, silenciosos y de bajo costo, con un riesgo mínimo para quienes los controlan. Además, pueden ser utilizados para espiar convoyes de seguridad, grabar rutas de traslado de droga o incluso intimidar a comunidades.
Fuentes de seguridad consultadas señalaron que el uso de drones explosivos ya no es una novedad: desde 2023 se han documentado ataques de este tipo en Michoacán y Zacatecas. Sin embargo, en Tamaulipas la situación adquiere otra dimensión debido a su condición fronteriza y al constante flujo de tecnología procedente de Estados Unidos.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que trabaja con la FGR para rastrear los componentes de los drones y detectar proveedores, mientras que la Guardia Nacional mantiene operativos de vigilancia aérea y terrestre en zonas rurales.
Este caso abre una nueva preocupación para las autoridades: la posibilidad de que el crimen organizado esté ampliando su capacidad de fuego con tecnología de fácil acceso, al mismo tiempo que reduce los riesgos para sus integrantes. La frontera tecnológica del delito se está moviendo, y el Estado mexicano intenta alcanzarla.