Perú ordena prisión preventiva y captura de Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo

El Gobierno peruano ha impulsado un nuevo giro en la investigación contra la ex primera ministra Betssy Chávez al solicitar ante la justicia la emisión de una orden de captura nacional y la imposición de prisión preventiva por cinco meses. La medida, presentada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, se basa en la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración y otros vinculados al fallido intento de disolución del Congreso ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

El expediente sostiene que Chávez, además de su papel como presidenta del Consejo de Ministros en los últimos días del Gobierno de Pedro Castillo, participó en reuniones clave con altos mandos del Estado, en las que se coordinó la reordenación del poder ejecutivo sin aval del Parlamento ni de la fuerza militar. Estas acusaciones han sido mantenidas por el Ministerio Público desde el inicio del proceso.

La solicitud de detención se produce en un momento extremo del caso: Chávez se encuentra actualmente asilada en la embajada de México en Lima, luego de que solicitara protección diplomática ante lo que denunció como persecución política. Su refugio en suelo consular del país vecino abrió una crisis diplomática entre México y Perú, cuyos lazos entraron en franco deterioro.

Entre los argumentos presentados por la fiscalía se destaca el incumplimiento reiterado de las condiciones de su libertad condicional —que ella había obtenido tras una primera etapa de prisión preventiva— así como su ausencia en controles biométricos y audiencias judiciales. Según el Ministerio Público, esos incumplimientos alteran el equilibrio procesal y justifican la medida más drástica de prisión preventiva.

La petición de cinco meses de cárcel preventiva, sin fianza ni alternativas de comparecencia, señala que la ex jefa de gabinete constituye un riesgo para la conclusión ordenada del proceso, debido a su asilamiento diplomático y la posibilidad de obstrucción de la averiguación. En la práctica, se busca mantenerla bajo custodia ante la imposibilidad de asegurar su comparecencia.

El efecto político de esta maniobra es innegable: mientras el Ejecutivo peruano endurece su posición, el respaldo internacional a Chávez se vuelve un tema de polarización. La interpretación que se hace en Lima es que el asilo en México y la resistencia a comparecer ante la justicia sirven como símbolo de impunidad frente a la crisis institucional que generó el autogolpe. Desde la embajada mexicana, sin embargo, se mantiene que la protección provista es un acto legítimo conforme al derecho internacional.

Para la opinión pública, este paso debe leerse en dos niveles: como un avance técnico de la fiscalía —que busca cerrar una etapa de investigación clave— y como un mensaje de firmeza de un Estado que no acepta dilaciones en casos de alto impacto institucional. Sin embargo, el éxito de la estrategia depende de la capacidad de la justicia peruana para materializar la orden de captura, llevarla a cabo en el terreno real y garantizar un juicio con mínimas garantías de transparencia.

En cualquier caso, la suerte de Betssy Chávez y del proceso que tiene en curso se convertirán en un barómetro del grado de independencia del sistema judicial peruano y de la capacidad del país para sostener procesos de corrupción y rebelión sin que el poder político influya en las decisiones jurisdiccionales.