Washington, D.C., 29 de diciembre de 2025. En una sorpresiva declaración durante una entrevista radial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración llevó a cabo una operación militar que resultó en la destrucción de una “gran instalación” de producción de drogas supuestamente ubicada en Venezuela. El mandatario no precisó la ubicación exacta ni ofreció evidencia concreta del ataque, pero subrayó que se trató de un golpe “muy duro” contra las redes de narcotráfico que, según él, operan bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro.
“Hace dos noches la destruimos. Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos”, declaró Trump, aludiendo a embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Esta acción, de confirmarse, representaría el primer ataque terrestre de EE.UU. en el marco de su campaña antidrogas en el Caribe, conocida como “Operación Lanza del Sur”, que hasta ahora se había limitado a interceptaciones marítimas.
La Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial que respalde los dichos del presidente, y no se han presentado imágenes ni informes del Pentágono que confirmen la operación. Tampoco ha habido una reacción inmediata por parte del gobierno venezolano, que en ocasiones anteriores ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y ha acusado a Washington de utilizar estos señalamientos como pretexto para justificar acciones intervencionistas.
Analistas internacionales consideran que este anuncio podría formar parte de una estrategia política de Trump para reforzar su imagen de firmeza frente a regímenes adversarios, especialmente en un contexto electoral. Sin embargo, la falta de pruebas concretas ha generado escepticismo entre expertos y medios de comunicación, que exigen mayor transparencia sobre la supuesta operación.
El contexto geopolítico también es relevante: el Caribe ha sido escenario de un creciente despliegue militar estadounidense, con el argumento de combatir el narcotráfico y proteger intereses estratégicos en la región. La mención de una acción directa contra una instalación en Venezuela podría escalar las tensiones diplomáticas entre ambos países, ya deterioradas desde que EE.UU. reconoció a Juan Guaidó como presidente interino en 2019.
Mientras tanto, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el posible precedente que sentaría una intervención militar directa sin autorización del Congreso ni respaldo de organismos multilaterales.