Testimonio sacude a la Marina: exesposa de vicealmirante describe presuntos vínculos con capitán prófugo por huachicol

La denuncia de Violeta Verónica Sánchez Chávez abre una ventana incómoda hacia el interior de la Secretaría de Marina, una de las instituciones que durante años ha sido presentada como pilar de la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Sánchez estuvo casada durante más de tres décadas con el vicealmirante René Alberto Canto Oliva, quien llegó a comandar la Décima Sexta Zona Naval, y asegura que durante los últimos años de su matrimonio comenzó a percibir comportamientos y relaciones que más tarde, al aparecer nombres en investigaciones públicas sobre contrabando de combustible, adquirieron un significado inquietante. Según su relato, uno de esos nombres era el del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido en círculos navales como “Mike” o “El Sol”, actualmente prófugo de la justicia por presuntos vínculos con redes de huachicol fiscal que habrían operado mediante esquemas de importación irregular de combustibles.

De acuerdo con su testimonio, su entonces esposo mencionaba con frecuencia a Solano en conversaciones cotidianas y, en al menos una ocasión, le comentó que el capitán había sido invitado a comer dentro de instalaciones de la Marina. La familiaridad con ese nombre fue lo que, tiempo después, le permitió identificarlo cuando comenzó a aparecer en reportes periodísticos relacionados con investigaciones por contrabando de combustibles. Sánchez sostiene que la relación entre ambos habría sido facilitada por el capitán de navío Federico Castro Domínguez, cercano a Canto Oliva cuando éste se desempeñaba dentro de la estructura operativa de la institución. Aunque ella aclara que nunca presenció acuerdos ni reuniones formales vinculadas con actividades ilícitas, afirma haber detectado movimientos que le parecieron inusuales, particularmente cuando revisó el historial de ubicaciones del teléfono de su esposo y encontró registros de presencia en zonas donde se ubicaba un departamento relacionado con Solano.

La situación, según su versión, escaló del terreno de las sospechas al del miedo en octubre de 2021, cuando asegura haber recibido, a través de su esposo, un mensaje atribuido al entorno del capitán prófugo. En ese mensaje se le advertía que dejara de hablar con la esposa del entonces secretario de Marina sobre temas relacionados con ascensos dentro de la institución, y que, de no hacerlo, “se desharían de ella”. Ese episodio marcó un punto de ruptura en su relación matrimonial y en su percepción de seguridad personal. Sánchez afirma que después de ese momento comenzó a temer por su integridad y la de su familia, especialmente porque el conflicto coincidió con episodios de violencia doméstica que, según su testimonio, incluyeron agresiones físicas y un intento de estrangulamiento tras una discusión relacionada con la revisión del teléfono celular de su esposo.

La exesposa del vicealmirante asegura haber informado de estos hechos al entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como a su esposa, durante encuentros relacionados con actividades del voluntariado naval. Aunque no recuerda con precisión las palabras que se intercambiaron, sostiene que expuso tanto las amenazas que había recibido como sus preocupaciones sobre las posibles relaciones entre mandos de la institución y personas investigadas por el negocio del combustible ilegal. Desde entonces, dice, ha acudido a diversas instancias y ha enviado cartas a autoridades federales solicitando protección, incluyendo comunicaciones dirigidas a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, en las que advierte sobre el riesgo que enfrenta ella y su familia.

El testimonio surge en un contexto particularmente sensible para la Marina. En los últimos años, investigaciones federales han puesto la mirada sobre redes de huachicol fiscal, un esquema distinto al robo directo de combustible en ductos y que consiste en la importación irregular o subvaluada de petrolíferos para evadir impuestos. En esas investigaciones han aparecido nombres de mandos navales y empresarios vinculados con operaciones portuarias, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, señalado como prófugo. Aunque las declaraciones de Sánchez no constituyen por sí mismas pruebas judiciales concluyentes, sí añaden un elemento delicado a un expediente que ya involucra a actores del sector energético, aduanal y militar.

Por ahora, las autoridades no han emitido una postura oficial que confirme o desmienta los detalles del testimonio. Pero su relato vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que ha acompañado a las investigaciones sobre el contrabando de combustible en México: hasta dónde llegan las redes que permiten operar uno de los negocios ilícitos más lucrativos del país, y qué tan profundas son sus conexiones dentro de las instituciones encargadas precisamente de combatirlo.