¿DÓNDE ESTÁ RAFAEL OJEDA? EL HUACHICOL FISCAL ESCALA Y LOS TESTIMONIOS YA ALCANZAN A “ANDY” Y ADÁN AUGUSTO

La trama del llamado huachicol fiscal acaba de entrar en una nueva etapa. Lo que comenzó como una investigación sobre el ingreso ilegal de millones de litros de combustible mediante aduanas mexicanas terminó colocando bajo proceso a altos mandos navales y ahora ha abierto interrogantes sobre personajes ubicados en los niveles más altos del poder durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La revelación más reciente resulta particularmente incómoda: la Fiscalía General de la República no pudo localizar al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina entre 2018 y 2024, para notificarle un citatorio ordenado por una jueza federal.

Ojeda no está prófugo ni existe, hasta este momento, información pública que permita afirmar que haya abandonado México. Tampoco se encuentra públicamente imputado dentro de esta causa penal.

Pero la pregunta es inevitable: ¿dónde está?

La comparecencia del exsecretario fue solicitada por Epigmenio Mendieta, abogado del contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político de Ojeda y uno de los mandos navales procesados por la presunta organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Según explicó Mendieta, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega ordenó citar a Ojeda para presentarse como testigo durante la audiencia celebrada esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

La defensa incluso proporcionó un domicilio para realizar la notificación.

La FGR, sin embargo, reportó que no consiguió localizarlo.

“Nadie sabe dónde vive ahora”, afirmó Mendieta al concluir la audiencia.

El episodio podría parecer simplemente una anomalía procesal si no fuera por el personaje involucrado y por el tamaño del expediente.

Rafael Ojeda no es un ciudadano cualquiera al que el Ministerio Público perdió de vista. Fue durante seis años secretario de Marina, integrante permanente del gabinete de seguridad y responsable de una institución a la que el gobierno de López Obrador entregó funciones extraordinarias, entre ellas el control de diferentes aduanas marítimas del país.

Que ahora el Estado mexicano no pueda localizarlo para entregarle una notificación judicial resulta, como mínimo, difícil de explicar.

No demuestra una fuga.

Pero sí abre una pregunta legítima que la Fiscalía debería responder cuanto antes.

EL CASO FARÍAS

Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso el 27 de agosto por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La jueza determinó mantenerlo en prisión preventiva en el penal del Altiplano y fijó cuatro meses para la investigación complementaria.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, también enfrenta proceso por esta investigación.

Ambos son sobrinos políticos de Rafael Ojeda.

La FGR sostiene que la organización investigada involucró mandos de Marina, funcionarios aduaneros, empresarios y operadores encargados presuntamente de introducir combustible al país mediante declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos.

Uno de los episodios que permitió dimensionar el esquema fue el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, del que fueron decomisados aproximadamente 10 millones de litros de diésel en marzo de 2025.

La investigación posteriormente identificó patios, empresas, rutas de distribución y operaciones en diferentes puertos.

La dimensión del expediente provocó que el término “huachicol fiscal” dejara de referirse únicamente al contrabando tradicional de combustibles para convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción aduanera de los últimos años.

Y aquí comienza el problema político para Morena.

Porque la defensa de Farías Laguna sostiene algo elemental: una operación de semejante magnitud, que atravesaba aduanas, puertos, autoridades fiscales y estructuras militares, difícilmente podía depender exclusivamente de dos mandos navales.

Esa es precisamente la tesis que busca colocar ante los tribunales.

Y durante las audiencias de esta semana aparecieron nombres que hacen todavía más incómodo el expediente.

“ANDY” APARECE EN LOS TESTIMONIOS

Epigmenio Mendieta reveló que durante la audiencia la propia Fiscalía dio lectura a declaraciones de testigos colaboradores en las que apareció una referencia a “Andy”.

De acuerdo con el abogado, uno de los testimonios relata un incidente ocurrido cuando un buque quedó detenido en Guaymas.

Según esa declaración, alguien habría propuesto llamar a “Andy” para que interviniera y pudiera “destrabar” la embarcación mediante una comunicación con el secretario de Marina.

Mendieta identificó esa referencia como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y actual figura relevante dentro de Morena.

La revelación es políticamente explosiva, pero jurídicamente debe manejarse con precisión.

Que su nombre aparezca dentro de un testimonio no significa que López Beltrán haya cometido un delito.

De hecho, apenas el 17 de agosto la propia FGR aseguró públicamente que no existía una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal y afirmó que no tenía datos de prueba que justificaran abrirla.

Por eso la audiencia de Farías introduce una contradicción que merece ser aclarada.

Si no existen elementos contra López Beltrán, ¿qué alcance tiene entonces la referencia leída por el Ministerio Público dentro de un proceso judicial?

¿Quién era exactamente el “Andy” mencionado por el testigo?

¿Se verificó alguna llamada?

¿Existió realmente una intervención para liberar el buque?

Esas preguntas sólo pueden responderlas la investigación y las pruebas.

Pero ya forman parte del debate público.

ADÁN AUGUSTO TAMBIÉN ENTRA EN LA HISTORIA

Otro testimonio mencionado durante la audiencia conduce nuevamente a Tabasco.

El testigo protegido identificado con el nombre clave “Santo” habría referido información sobre los muelles 289 y 290 y sobre un empresario relacionado con un político relevante de esa entidad.

Según Mendieta, otro testimonio refiere que un empresario tabasqueño vinculado políticamente con Adán Augusto López Hernández era propietario de uno de los recintos fiscales utilizados para la llegada de embarcaciones.

En esas instalaciones, según lo expuesto durante el proceso, habrían desembarcado decenas de buques relacionados con operaciones investigadas como huachicol fiscal.

El nombre de Adán Augusto aparece así dentro del contexto de los testimonios, aunque tampoco existe hasta ahora una acusación penal pública en su contra por estos hechos.

Esa diferencia es fundamental.

Una cosa es que un personaje sea mencionado por un testigo y otra muy distinta que exista evidencia suficiente para imputarle participación criminal.

Pero políticamente el problema continúa creciendo.

Adán Augusto López ya arrastra además el desgaste provocado por el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su administración y posteriormente fue señalado por las autoridades como presunto líder de La Barredora.

Ahora su nombre aparece también, aunque indirectamente, en testimonios relacionados con otro expediente de enorme impacto nacional.

DEMASIADOS NOMBRES, DEMASIADAS PREGUNTAS

El huachicol fiscal se está convirtiendo en una caja de Pandora para el obradorismo.

Primero fueron funcionarios aduaneros.

Después empresarios.

Luego marinos.

Después llegaron los Farías Laguna.

Posteriormente los testimonios comenzaron a rozar al círculo político de mayor nivel.

Rafael Ojeda.

Andrés Manuel López Beltrán.

Adán Augusto López Hernández.

Ninguno de estos tres personajes está condenado por este caso y sería irresponsable presentarlos como culpables sin una sentencia o siquiera una imputación formal.

Pero tampoco sería periodísticamente responsable ignorar que sus nombres ya orbitan alrededor de uno de los expedientes de corrupción y contrabando más importantes de los últimos años.

La investigación tiene además una particularidad profundamente incómoda para la narrativa del gobierno anterior.

Durante el sexenio de López Obrador, la Marina recibió el control de instalaciones estratégicas precisamente bajo el argumento de combatir corrupción y contrabando.

El razonamiento presidencial era sencillo: entregar las aduanas a las Fuerzas Armadas permitiría terminar con las redes de corrupción existentes.

Hoy la justicia investiga si dentro de esas mismas estructuras militares se creó o permitió operar una red gigantesca de contrabando de combustibles.

Ese contraste es políticamente devastador.

¿QUIÉN SABÍA?

La discusión ya no puede limitarse a establecer si los hermanos Farías Laguna participaron o no.

La dimensión de las operaciones obliga a investigar la cadena completa de responsabilidades.

¿Quién autorizaba movimientos?

¿Quién daba instrucciones en las aduanas?

¿Quién permitía el ingreso de los buques?

¿Quién tenía capacidad para detenerlos?

¿Quién tenía capacidad para liberarlos?

¿Quién recibía información sobre las irregularidades?

¿Hasta qué nivel jerárquico llegaban las comunicaciones?

Son preguntas que inevitablemente conducen hacia arriba.

Y precisamente por eso la comparecencia de Rafael Ojeda resulta relevante.

La propia FGR sostuvo anteriormente que Ojeda había alertado sobre irregularidades dentro de la Marina y solicitado que fueran investigadas.

Eso podría jugar a favor del exsecretario.

Pero también hace todavía más necesaria su declaración.

Si conoció irregularidades, ¿cuándo las conoció?

¿Qué información recibió?

¿Qué nombres le fueron proporcionados?

¿Qué acciones ordenó?

¿Hasta dónde llegó su investigación interna?

¿Informó al presidente López Obrador?

¿Hubo consecuencias administrativas antes de que el escándalo estallara públicamente?

La defensa de Farías quiere que Ojeda responda.

Y por ahora no ha podido hacerlo porque la Fiscalía asegura que no consiguió encontrarlo.

¿HUYÓ RAFAEL OJEDA?

No hay evidencia para afirmarlo.

Sería irresponsable convertir una imposibilidad de notificación en una fuga.

Pero existe una enorme diferencia entre decir “Rafael Ojeda huyó” y formular la pregunta que naturalmente surge cuando una Fiscalía no consigue localizar a quien encabezó la Marina durante seis años.

¿Dónde está Rafael Ojeda Durán?

¿Permanece en México?

¿La FGR conoce actualmente su domicilio?

¿Se realizará un nuevo intento de notificación?

¿Comparecerá voluntariamente?

¿Solicitará declarar?

La transparencia puede resolver rápidamente las especulaciones.

Bastaría con que las autoridades informaran su situación procesal y aclararan las razones por las cuales no pudieron localizarlo.

Mientras eso no ocurra, el vacío será llenado inevitablemente por interrogantes.

Y quizá esa sea hoy la característica más peligrosa del caso del huachicol fiscal para la llamada Cuarta Transformación.

Ya no se trata solamente de cuánto combustible entró ilegalmente, cuánto dinero dejó de recibir Hacienda o cuántos funcionarios participaron.

La gran pregunta comienza a ser otra:

¿Hasta dónde llegaba la red?

Porque si la versión de la Fiscalía es que todo terminó en algunos funcionarios, empresarios y mandos medios, deberá demostrarlo.

Y si las investigaciones muestran conexiones superiores, también tendrá que seguirlas.

Aunque conduzcan hacia personajes que durante años estuvieron en el corazón del poder político y militar del país.

Por ahora Fernando Farías Laguna permanecerá en el Altiplano.

Los testimonios seguirán bajo análisis.

“Andy” y Adán Augusto ya fueron mencionados dentro del contexto de las declaraciones expuestas en audiencia, sin que ello constituya una imputación en su contra.

Y Rafael Ojeda Durán sigue teniendo pendiente una comparecencia que podría ayudar a responder algunas de las preguntas fundamentales del expediente.

Pero antes hay una mucho más sencilla.

Y hoy nadie parece haberla respondido:

¿Dónde está el exsecretario de Marina?